La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, estableciendo la obligación para todas las administraciones públicas de implantar un sistema interno de información que sirva como instrumento de lucha contra la corrupción, garantizando la protección de la persona que pueda informar de cualquier acción u omisión que pueda constituir infracción del Derecho de la Unión Europea dentro de determinadas materias o que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.
A través del sistema interno de información, se puede informar de forma totalmente segura, confidencial y anónima sobre presuntas infracciones que se detecten, tanto penales, como administrativas, graves o muy graves, en el ámbito de este municipio.
El canal interno del Ayuntamiento, permite a sus empleados públicos realizar comunicaciones de forma escrita o presencial, en los términos que se describe en el procedimiento, con independencia de la naturaleza del vínculo que mantenga con el Ayuntamiento y de que su relación laboral hubiera finalizado o no hubiera comenzado y de que perciban o no remuneración.